Taller de CAEM sobre el Acuerdo de Escazú

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) efectuó un taller donde se analizaron las implicancias del acuerdo de Escazú para el sector minero en nuestro país. El acuerdo fue ratificado por la Argentina y está vigente dentro de su marco jurídico, por eso la importancia de conocerlo y de comprender cuáles de sus requerimientos ya estaban regulados en el país y cuáles son las innovaciones que plantea.

El encuentro estuvo dividido en dos bloques. El primero estuvo a cargo de Mónica Villa Moreno, abogada con 30 años de expertise en derecho minero en América Latina y de Eduardo Chaparro Ávila, geólogo y Magister en Gestión ambiental, con amplia experiencia internacional.

En el segundo bloque se planteó un análisis a nivel local, junto a especialistas de Blue Pampa: Martín Romano, abogado especializado en Derecho Ambiental y Permisos, Nicolás D`Giano y Cecilia Lichtschein. Fue moderado por Luciano Berenstein, Director Ejecutivo de CAEM, quien consideró la importancia de identificar escenarios que permitan desde el sector productivo tomar medidas para reducir incertidumbres.

El Acuerdo de Escazú y la actividad minera en América Latina y el Caribe

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) participó del Conversatorio sobre el acuerdo de Escazú realizado por el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI).

El encuentro contó con las exposiciones de Rubén Zárate, quien se centró en los desafíos de la gobernanza en los servicios ecosistémicos en América Latina y el Caribe; Raúl Rodríguez y Mónica Villa Moreno, quienes aportaron la visión jurídica; y Eduardo Chaparro, quien analizó pros y contras del acuerdo para la región. El evento contó con la apertura de Roberto Sarundiansky y las palabras iniciales de Hugo Nielson.

El Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afecten, y la justicia en asuntos ambientales.