Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) vemos con preocupación las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina, dado que, para producir y exportar, las empresas mineras primero deben necesariamente invertir y esto se dificulta si existen medidas que atentan contra la inversión directa.
La minería metalífera es un sector con una balanza netamente exportadora, pero hasta llegar al punto de exportar, requiere de inversión intensiva de divisas que entran y quedan en el país. Los proyectos productivos, como los mineros -o los de energía e hidrocarburos- se financian principalmente con inversión directa del exterior, en forma de préstamos financieros o aportes de capital. Así financian el pago de años de exploración, de construcciones millonarias y de capital de trabajo. Y apenas comienzan a operar, deben repagar esas deudas para poder seguir teniendo crédito.
Si se aplican restricciones a esos pagos, las empresas entran en situación de default técnico, que se resuelve volviendo a generar endeudamiento más caro. Ya existían restricciones para devolver capital a las afiliadas por la normativa anterior, por lo que parte de esa financiación -que no se pudo repagar- se debió cubrir con financiamiento a tasas mayores.
De esta forma, las nuevas restricciones desprotegen el stock actual de inversión al eliminar opciones de financiación y dificultan la posibilidad de nuevas inversiones.
Con una adecuada política de promoción de grandes inversiones, en un contexto de reglas claras, se podrían generar inversiones mineras por más de U$S 18.000 millones en los próximos 6 años. Esto permitiría más que duplicar las exportaciones anuales actuales, llegando a un estimado de cerca de U$S10.000 millones.
Para lograrlo, el país debe generar competitividad y confianza, a fin de evitar que las inversiones se vuelquen en otros destinos. En esto venimos trabajando desde CAEM junto con la Secretaría de Minería de la Nación, para propiciar medidas de incentivo que ayuden a la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Creemos que Argentina precisa una ley de promoción de grandes proyectos de inversión, que incluya también otros sectores, como la energía, para que todo aquel proyecto que quiera concretarse tenga un marco jurídico adecuado para desarrollarse. En el contexto de crisis actual, es más necesario que nunca apuntalar los desarrollos que impulsan producción, empleo y generación de divisas para el país.