Humedales: Para llegar a una ley realmente sustentable, debe tenerse en cuenta también la importancia de los sectores productivos

A partir del dictamen en Comisión recibido por dos proyectos de Ley de Humedales, desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) volvemos a solicitar que, como sector productivo que se vería directamente afectado por las decisiones que se tomen, nos permitan hacer escuchar nuestras preocupaciones sobre el tema. Quienes tienen la responsabilidad de decidir deben poder contar con toda la información, de primera fuente, con cifras objetivas y con la visión de quienes día a día llevamos adelante los proyectos que motorizan las economías regionales.

La minería representa actualmente el 85% de las exportaciones de Catamarca, el 84% de las de Jujuy, el 78% de las de Santa Cruz, el 75% de las de San Juan y el 36% de las de Salta. Por eso, somos una de las industrias más federales y esta relevancia regional no debe perderse de vista cuando se legisla pensando en el bien común. La búsqueda de un futuro sustentable debe incluir también la posibilidad de empleo, progreso y calidad de vida. Esto sumado al rol que cumplen los minerales para la generación de tecnologías de energía limpia y electromovilidad, necesarias para el proceso de descarbonización.

Por la naturaleza de nuestro trabajo, somos una industria acostumbrada a normativas, protocolos y controles. Cumplimos con una Ley Ambiental específica (Ley 24.585) que incluye la obligatoriedad de presentación y aprobación de un informe de impacto ambiental previo a la puesta en marcha de cada proyecto, en cada cambio de fase de desarrollo, previendo además su actualización cada dos años.

Lo que pedimos es que se eviten las definiciones difusas y las ambigüedades, que abren la puerta a la discrecionalidad. Las decisiones que generan incertidumbre nos alejan de las inversiones productivas de calidad que el país hoy necesita más que nunca.

Nuestro sector genera empleo formal y bien remunerado para más de 90.000 personas, especialmente en zonas alejadas de los centros productivos tradicionales. Es el quinto complejo exportador nacional y aportó en 2021 al Estado 107.000 millones de pesos, que se suman a lo que queda en el país en sueldos y cadena de proveedores (80% de compras de las mineras se realizan en el país, mayormente a pymes).

Argentina tiene grandes posibilidades de crecer de la mano de la industria minera. Para lograrlo, necesitamos establecer un escenario de previsibilidad, en el marco de una lógica de largo plazo basada en ejes ambientales, productivos y sociales.

CAEM en la Cámara de Diputados: Si se aprueba el proyecto de humedales se pone en riesgo la producción minera en todo el país

La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) fue invitada a exponer frente a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación su análisis sobre los proyectos de Ley de Humedales en debate.

Allí, Luciano Berenstein, Director Ejecutivo de CAEM, destacó que los proyectos impactarían no solo frenando la llegada nuevas inversiones, sino que también ponen en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento Y recordó que la minería es una industria federal, con presencia en San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego. Por esto, reclamó que la industria sea escuchada.

Resaltó que la minería tiene varios puntos en común con la agricultura, entre ellos que ambas son dos de las tres únicas industrias que en 2021 produjeron ingresos netos de divisas para el país, en un momento donde esto es prioritario para la economía nacional.

Y expresó que a lo largo de la Argentina, la minería genera empleo para más de 85.000 familias y ayuda a movilizar las economías regionales en zonas alejadas de los grandes centros productivos y poblacionales. “El sector en la actualidad realiza el 80% de las compras a nivel local y motoriza una sólida cadena de valor, compuesta por pymes de origen nacional”, completó.

En su exposición Berenstein dejó en claro que, de aprobarse los proyectos, se ponen en riesgo:

  • U$S 20.000.000.000 en inversiones productivas.
  • Exportaciones actuales por USD 3.800.000.000
  • Exportaciones anuales por USD 12.000.000.000 al 2030
  • $107.000.000.000 en aportes impositivos actuales
  • 000 empleos actuales / más de 120.000 empleos proyectados a 2030
  • El sustento de las economías regionales, de zonas sin otros recursos.

En relación a los proyectos, se pidió, entre otros puntos que se garantice una definición clara y precisa vinculada a un humedal y alineada con las definiciones internacionalmente aceptadas; que  se legisle con un espíritu federal de concertación, y que se evite caer en  la prohibición de actividades per se.

La participación de CAEM puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=w-UB8JzPPYQ

 




Los actuales proyectos de ley de Humedales carecen de visión federal y ponen en riesgo la producción minera argentina y las inversiones previstas por U$D 20.000 millones

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la falta de federalismo de concertación en el debate de los proyectos legislativos de protección de humedales y la necesidad de participación de los sectores productivos afectados.

Rechazamos toda propuesta de regulación que desde el desconocimiento condene la producción y la calidad de vida digna en las zonas alejadas de los grandes centros productivos de nuestro país donde la minería se desarrolla, y que vaya en contra del espíritu federal de nuestra constitución nacional.

Los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera. Su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, impactando en el sustento de cientos de comunidades. Y no solo significa frenar las nuevas inversiones, sino también poner en riesgo el trabajo de los yacimientos que ya están en funcionamiento.

La autonomía de las provincias, en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental, se ve vulnerada en varios de los Proyectos en tratamiento; además de las deficiencias jurídicas en cuanto a la superposición y conflictos con la legislación vigente. Presenciamos el impulso de Proyectos de Ley que, a falta del consenso requerido en el tratamiento de leyes ambientales, y para solucionar problemas generados por falta de control de incendios y sin considerar legislación específica ya existente (Ley N° 26.815; Convención RAMSAR, entre otras) avanza con un tratamiento superficial sobre legislación ambiental.

Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social. El sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales.

La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de $107.000.000.000 al año. Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial. Tomando los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por U$D 12.000.000.000 (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por U$D 20.000.000.000. Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras.

Es importante destacar que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente donde estén instalados.

Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente. Nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización. Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono.