En el día de hoy nuestra democracia volvió a dar un paso atrás. Una ley aprobada por los representantes del pueblo y por especialistas, y expuesta a la consulta y consideraciones de la sociedad civil –a partir de las cuales se efectuaron importantes modificaciones- fue derogada a consecuencia de los hechos de extrema violencia que grupos opositores a la misma perpetraron en la provincia.
A esto se suma que el proyecto derogado tenía el papel de cumplir con la Ley 5.001, que desde hace más de 18 años dicta que deben determinarse las zonas permitidas para la industria minera.
Una vez más, el pueblo de la Meseta del Chubut pierde sus oportunidades, porque valen más las amenazas desde afuera que la opinión de quienes viven en la zona y se han informado en profundidad. Una vez más, gana la impunidad, porque pareciera que para algunos grupos “todo vale” y el incendio de edificios públicos, la destrucción, las amenazas y los heridos, todo está permitido, sin consecuencias legales como suele haberlas para cualquier otro ciudadano.
Y perdemos quienes creemos que nuestro país necesita ampliar sus fuentes laborales, brindando oportunidades reales de progreso en las comunidades y para la juventud, federalizando el acceso al progreso.
Quienes conformamos la industria minera tenemos una convicción tan fuerte sobre la necesidad de poner los recursos al servicio del país y de generar la apertura de la matriz productiva, que no nos dejaremos amedrentar.
Y compartimos también valores como el cuidado del agua y el ambiente. Y desde esta base de acuerdo, participaremos de todas las instancias de diálogo necesarias, aportando información precisa y escuchando las dudas y los cuestionamientos de quienes se sumen a un diálogo productivo, respetuoso y orientado a resultados superadores, donde desarrollo y ambiente puedan ir de la mano. La Meseta, la provincia y el país se lo merecen.
